Lo que algunos llaman “civilización occidental” posiblemente alcanzó su cénit el día en que decidió que las humedades debían someterse a votación por mayoría cualificada en un salón parroquial. Todo lo anterior -la imprenta, la Ilustración, el constitucionalismo- han sido meros prolegómenos de lo que vendría después con las modernas comunidades de vecinos bajo la Ley de Propiedad Horizontal. Un texto cuasi sagrado que logró lo impensable, como es el hecho de convertir una mancha en el techo en un problema ontológico con acta y firma. Nada une tanto como una ley; pero nada separa tanto como su interpretación.
Me referiré a mi última experiencia estoica en una junta de vecinos a la que tuve que asistir por imperativo moral. La reunión tuvo lugar, como corresponde a los grandes concilios de la historia, en la parroquia del barrio. A decir verdad, hay algo coherente en discutir sobre bajantes bajo la mirada de un Cristo misericordioso: ambos saben lo que es cargar con culpas ajenas. Allí estábamos, reunidos en nombre de los coeficientes de participación, ese concepto aritmético y en cierto modo bastante metafísico que traduce la dignidad humana en milésimas.
Los propietarios – copropietarios, para ser exactos (ese prefijo “co” que algunos prefieren ignorar) – tomamos asiento dispuestos a escenificar el misterio central de la vida moderna: cómo coexistir sin convivir. La vecina que fungía de presidente abrió la sesión con voz trémula pero decidida. Ha sido elegida por esa tradición democrática tan ignorada como eficaz que consiste en que se asigne por turno rotatorio. Desde entonces, encarna la unidad de la comunidad, que es como decir la suma de los resentimientos vecinales acumulados en los últimos años. A su lado, el administrador – ese híbrido entre jurisconsulto romano y contable de posguerra – acariciaba el libro de actas como si fuera un devocionario. Si el presidente de una comunidad representa el poder simbólico, el administrador es el poder real. Maneja el discurso sobre las derramas, interpreta presupuestos y pronuncia “monitorio” con una serenidad que hiela más que la humedad del vecino X.
A propósito de las humedades, han adquirido ya personalidad jurídica propia. Hubo alguien que sostiene que proviene de la bajante comunitaria. Otros, que es consecuencia de una reforma “no estructural” del vecino Y que, casualmente, implicó perforar medio forjado. Se anunciaron y exhibieron peritajes como si fueran cartas astrales. Escuchar a vecinos con los que apenas se departen como mucho unos pocos segundos al día en el descansillo o rellano hablar con vocabulario esotérico -“capilaridad”, “puente térmico”, “defecto de sellado”- ofrecía una situación que sólo puede obedecer a un misterioso designio que a mí en ese momento se me escapaba.
El vecino juraba y perjuraba por sus impermeabilizaciones que la gotera era culpa de la bajante comunitaria; otro sostenía que el problema era un desagüe mal ejecutado en una reforma “menor” -siempre menor- que, casualmente, nunca fue autorizada por la comunidad. Aquí la palabra “bajante” dejó de ser una simple tubería para convertirse en categoría moral. Hay bajantes correctas, conformes a proyecto, y bajantes desviadas, casi pecaminosas. Nunca una filtración de agua dio lugar a tanta filtración de rencor.
Hay algo profundamente filosófico en las discusiones por las bajantes. La comunidad de propietarios es una miniatura del problema político fundamental: cómo articular libertades privadas dentro de un espacio inevitablemente común. Cómo aceptar que el otro no es una contingencia molesta, sino una condición de posibilidad de la propia vivienda.
La discusión derivó después hacia la cuestión de las obras no autorizadas, que era el tema mollar del orden del día. Aquí el tono se elevó. Porque una cosa es una gotera y otra muy distinta un cerramiento indebido. Como en toda dinámica grupal, había ortodoxia y movimientos heterodoxos tendentes al cisma arquitectónico. Se debatió si la nueva obra del vecino Z alteraba la estética de la fachada o no. Si el ambiente ya estaba cargado, las diversas discusiones e interpretaciones sobre Estética caldearon aún más los ánimos. No estaba el horno para bollos.
La discusión sobre si la obra del vecino era estructural o meramente estética alcanzó cotas impensables. ¿Puede llamarse “cambio de ventana” a la sustitución completa de la fachada? ¿Es una pérgola una estructura ligera o una declaración unilateral de independencia arquitectónica? El administrador citaba artículos; el vecino replicaba con facturas; la presidente invocaba el orden del día como quien recita un mantra hindú.
Mientras tanto, el vecino moroso flotaba en el ambiente como una entidad espectral. No estaba presente, pero su ausencia pesaba más que su coeficiente de participación. Se habló de demandas, de costas, de embargos. La comunidad, tan frágil cuando se trata de pagar una derrama, se muestra sorprendentemente cohesionada cuando puede señalar al que no paga. En toda comunidad hay una pedagogía del castigo: el que no paga la derrama y va dejando pufos atenta contra algo más que el presupuesto. Pero lo más fascinante no eran las humedades ni las derramas, sino la intensidad emocional que brotaba por cuestiones que, vistas desde fuera, parecerían nimias. Un toldo mal anclado, un ruido a deshora, una maceta que gotea sobre el balcón ajeno. En el salón parroquial, esas minucias adquirían la densidad de agravios históricos.
En ese instante comprendí que la comunidad de propietarios es el laboratorio moral de la Modernidad. Nos gusta imaginar la propiedad como una fortaleza individual. Y sin embargo, basta una bajante mal conectada para revelar la farsa. No somos islas de robinsones; somos pisos superpuestos y colindantes. El Derecho, siempre dispuesto a domesticar el caos, ha respondido con mayorías simples, cualificadas y reforzadas; con actas; con plazos de impugnación. Hemos sustituido el “¿hablamos?” por el “¿consta en acta?”. La vecindad ya no es una relación, ni un apretón de manos basado en la confianza de la palabra dada, sino un procedimiento, una pequeña burocracia administrativa con sus propios ritos y liturgias.
Lo fascinante es que, bajo la escenificación de una junta -inevitable por mandato legal-, late una cuestión seria. ¿Qué significa compartir? La Modernidad prometió individuos autónomos, propietarios soberanos, usuarios maximizadores de su utilidad. Pero la arquitectura, la gestión de los espacios urbanos y las formas de edificación nos obligan a reconocer que lo común precede a lo privado.
La junta, con su procesión de tecnicismos y susceptibilidades, parece una tragicomedia doméstica, pero es la teatralización de uno de los grandes asuntos de la Polis: representa a pequeña escala la tensión entre esfera privada y espacio compartido. Entre el deseo de hacer en “mi casa” lo que me da la real gana y la constatación de que mi casa está al lado, arriba o debajo de la de otra familia de homo sapiens.
La junta de vecinos, con su épica doméstica, nos recuerda una verdad incómoda: no vivimos unos junto a otros, sino unos sobre otros, unos bajo otros, atravesados por las mismas tuberías y las mismas normas. Y quizá el Derecho, con toda su frialdad administrativa, no sea sino el intento – a veces un poco ridículo – de poner compuertas a las aguas turbulentas de nuestra condición compartida.
La propiedad privada -ese sanctasanctórum liberal- se ve aquí obligada a convivir con la evidencia incómoda de que paredes y techos son también fronteras porosas. Mi techo es tu suelo; tu terraza es mi cubierta; tu desagüe es mi problema. La antropología individualista del liberalismo se da de bruces con la arquitectura. El Derecho, concebido a poner orden donde hay conflicto, ha respondido en su versión moderna con reglamentos, mayorías cualificadas, actas firmadas y plazos de impugnación para encapsular el conflicto, pero lo que ha hecho frecuentemente es elevarlo de categoría y complejizarlo. Lo ha situado en una centralidad que no siempre se merecía.
La Modernidad, en efecto, ha administrativizado, o incluso estatalizado, la vecindad. Lo que antes se resolvía con una conversación en la escalera ahora requiere convocatoria formal, votación con coeficiente y, si la sangre llega al río -o al sumidero-, demanda judicial. En una comunidad como la ejemplificada, ya había dos procedimientos judiciales en curso, y se anunció otra impugnación. Luego nos quejamos de la saturación de los juzgados.
Esta reglamentación o incluso reglamentismo de la vida comunitaria vecinal tiene algo profundamente moderno, lo convierte todo en procedimiento, en formalismo. Donde antes había trato y vínculo real, ahora hay acta y trámite; donde había promesa, ahora hay acuerdo adoptado por mayorías. Sin embargo, la norma no logra erradicar la pasión. Sólo la canaliza. Quizá por eso estas reuniones sacan lo peor -o lo más sincero- de la condición humana a pequeña escala. Allí se entrecruzan intereses privados y espacio compartidos, libertad individual y necesidades comunes. Y como en toda dinámica grupal, hay facciones, líderes carismáticos, opositores, disidentes y esa mayoría silenciosa que sólo desea que la reunión termine antes de las diez de la noche.
Los vecinos irascibles, pero también los más ociosos encuentran en el marco de las modernas comunidades de vecinos su escenario preferido y hábitat natural donde dar rienda suelta a sus bajezas y argucias. El salón parroquial actúa como catalizador: bajo la mirada indulgente de los santos enmarcados, emergen los tonos crispados, las interrupciones, el “eso no es así” espetado contra otro como un dardo ontológico. Lo peor de la condición humana no necesita grandes causas; simplemente le basta una junta de la comunidad de propietarios.
La junta se prolongó casi tres horas. Salimos por fin de la parroquia con esa mezcla de agotamiento y autojustificación que sigue a toda contienda civilizada. Nada se ha resuelto del todo. Las humedades persisten y los litigios siguen su curso. Pero algo ha quedado claro: la comunidad no es una suma de propiedades, sino una trama de dependencias.
La comunidad de vecinos no resuelve el problema filosófico de la propiedad. Lo somete a procedimiento y votación. Y tal vez eso -con todo su patetismo- sea lo más civilizado que hemos sabido inventar. Con toda su mezquindad, esta institución nos recuerda que la vida compartida no es una elección estética, sino una condición estructural. Que la propiedad nunca es absoluta. Que bajo el yeso y la pintura circulan tuberías y responsabilidades comunes y, querámoslo o no, destinos modestamente entrelazados.
Quizá por todo lo comentado, el salón parroquial no fuera un escenario casual. Porque si algo se aprende en una junta de vecinos es que la convivencia, como la fe, exige paciencia, y cierta capacidad de perdón. En el fondo, cada gotera es una lección de filosofía política. Y cada acta aprobada, una modesta victoria de la “civilización occidental” sobre el caos, sobre nuestro propio caos…y sobre la lluvia.
Doctor en Derecho y profesor universitario (Madrid, España). Además de sus publicaciones profesionales de índole académica, colabora en varios medios de comunicación españoles y ha publicado recientemente varios libros: Momento y encrucijada de España (Ediciones Atlantis, 2020), Dinero, crisis y poder global (SND, 2021) y Polis y justicia (Aula Magna-McGraw Hill, 2023).
