Este texto es la segunda parte de un extracto de la ponencia realizada el 27 de septiembre de 2025 por el autor en el foro “Toward a Headwing Economy of Freedom, Peace and Shared Prosperity”, organizado por la Asociación Internacional para la Paz y el Desarrollo Económico (IAED-US) para conmemorar el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas el 21 de septiembre.
Resulta ya insuficiente limitar la teoría del comercio internacional al dogma del “libre comercio”. Nuestro tiempo exige trascender ese marco reduccionista para abrazar un concepto más ambicioso y necesario: el del “comercio justo”. Esta nueva gramática comercial no se contenta con la mera lógica de la ventaja comparativa y la desregulación; aspira a tejer una red de intercambios que sea, a la vez, motor de prosperidad y vehículo de dignidad humana.
Esta visión se articularía en tres transformaciones concretas. Primero, elevar el trabajo digno a condición comercial. Se trataría de condicionar el acceso a los mercados al cumplimiento vinculante de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) — prohibición del trabajo forzoso e infantil, libertad sindical. Iríamos así más allá de los meros capítulos de “cooperación laboral”, tan elogiados en los preámbulos como ignorados en la práctica, para establecer una base ética infranqueable.
Segundo, internalizar el coste ecológico en el precio de los productos. La lógica es simple: quien contamina, paga. Esta visión se alinea con instrumentos pioneros como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE, que disuade la deslocalización de emisiones y asegura que la huella ecológica de un producto se refleje en su valor de mercado. El comercio debe ser parte de la solución climática, no del problema.
Tercero, instaurar la transparencia como nuevo estándar. Promover la trazabilidad absoluta en las cadenas de suministro y combatir con firmeza el soborno transnacional y otras prácticas de corrupción institucional y empresarial no es solo una exigencia moral, sino la condición para un auténtico campo de juego nivelado, donde las pymes puedan competir sin verse ahogadas por opacidades y prácticas corruptas.
Un acuerdo comercial inspirado en estos principios se parecería más al acuerdo UE-Mercosur — con sus capítulos vinculantes de desarrollo sostenible — que al Acuerdo Transpacífico original, obsesionado con la protección del inversor. No se trataría por tanto de un mero ajuste técnico, sino de un cambio de filosofía: pasar de un comercio que explota divergencias regulatorias a un comercio que construye, pacto a pacto, un futuro común. El intercambio económico, en definitiva, como acto político y civilizatorio.
Reformulando el principio de interdependencia
Una contribución fundamental de cualquier marco renovador para el comercio internacional debe por tanto ser una reconceptualización del principio de interdependencia. Lejos de ser una mera conexión logística, la interdependencia representa el reconocimiento de un vínculo ontológico entre lo humano y lo no humano: entre la salud de nuestras sociedades, la de nuestros sistemas políticos y la de los ecosistemas ambientales que nos sostienen.
De este postulado se deriva lógicamente la imperiosa necesidad de transitar hacia una circularidad radical en las cadenas de valor, diseñando productos para su reutilización, reparación y reciclaje, y así reducir y anular la lógica extractivista que el comercio capitalista ha normalizado. Un ejemplo concreto de esta lógica sería un acuerdo comercial que, en sus normas de origen, exigiera un porcentaje mínimo de material reciclado o una huella de carbono máxima como condición para acceder a aranceles preferenciales. De este modo, el interés comercial se alinearía con el imperativo ecológico.
Sin embargo, el gran error en el tratamiento convencional de la interdependencia ha sido conceptualizarla como una relación inherentemente simétrica y armónica, edulcorada con términos como “confianza mutua” y “colaboración”. Esta visión ingenua pasa por alto la realidad estructural de la interdependencia asimétrica que define al sistema global. Ignora la cuestión crucial de cómo gestionar los desequilibrios de poder, que con demasiada frecuencia degeneran en relaciones de dependencia y explotación, no de beneficio mutuo.
No puede presumirse que la interconexión económica conduzca mecánicamente a la cooperación pacífica. La historia reciente — desde las “guerras de chips” hasta la instrumentalización de los corredores energéticos y de los flujos migratorios — demuestra con crudeza que la interdependencia es también un caldo de cultivo para el conflicto geoeconómico. Un marco teórico sólido debe, por tanto, incorporar este lado oscuro de la interconexión. La verdadera tarea no es celebrar la interdependencia, sino gobernarla creando instituciones y mecanismos que prevengan su conversión en un arma y que gestionen sus inevitables asimetrías con criterios de justicia social internacional, no de mero poder.
La interdependencia no es un fin moral en sí mismo, sino una condición factual que puede conducir a la cooperación o a la coerción. Nuestro desafío colectivo es inclinar la balanza hacia lo primero.
La arquitectura invisible: el sistema financiero como motor de desigualdad
Un marco económico que aspire a ser verdaderamente transformador no puede eludir una crítica frontal al sistema financiero, bancario y monetario que está en la base del sistema de comercio global actual. Resulta sintomático que muchas propuestas bienintencionadas pasen de largo sobre cómo esta arquitectura invisible ha alimentado, de manera sistémica, tanto la concentración obscena de la riqueza como las peores distorsiones del comercio global.
La clave de bóveda de este fenómeno es la financiarización. Tras el colapso de 2008 y la pandemia de 2020, los bancos centrales inyectaron torrentes de liquidez en la economía. Aunque necesaria para evitar el colapso, esta expansión de la base monetaria y de la oferta crediticia sin precedentes infló desproporcionadamente el valor de los activos financieros —acciones, bonos, propiedades—, concentrándose abrumadoramente en el percentil más rico de las sociedades. Mientras tanto, quienes dependen principalmente de su trabajo como fuente de ingresos recibieron migajas, cuando no vieron erosionado su poder adquisitivo.
El mecanismo es perverso: décadas de tipos de interés ultrabajos, e incluso negativos, permitieron a las grandes corporaciones transnacionales endeudarse a coste ínfimo para adquirir más activos y consolidar su posición dominante, ahondando la brecha de la desigualdad. Cualquier diagnóstico sobre la concentración de la riqueza o los desequilibrios Norte-Sur que omita este análisis distributivo de la política monetaria y crediticia está, por definición, cojo.
La construcción de confianza y la gestión de los flujos globales de capital bajo principios de justicia social internacional exigen la configuración de una nueva arquitectura financiera global. Esta debe sustentarse en dos innovaciones institucionales fundamentales. En primer lugar, resulta imperativa la instauración de una red multilateral de liquidez de activación automática. Frente a la lógica reactiva y discrecional que caracteriza los acuerdos bilaterales vigentes, este mecanismo — concebido a imagen de una línea de crédito flexible contingente a nivel multilateral, gestionada por el FMI — se desplegaría de manera predecible ante crisis sistémicas, funcionando como un estabilizador macroeconómico para economías vulnerables. El objetivo último es evitar que los shocks de liquidez se transmuten en crisis de deuda soberana, las cuales, una vez arraigadas, pueden hipotecar las trayectorias de desarrollo de Estados enteros por largos períodos.
En segundo término, se hace necesario definir un marco de estándares comunes para la gobernanza de inversiones críticas. A través de un diálogo que reconozca los legítimos intereses de seguridad nacional y económica de los diferentes países, sería factible consensuar un régimen de reglas claras y mutuamente aceptadas para la supervisión de inversiones en tecnologías de doble uso o de alta sensibilidad estratégica. Un prototipo de este enfoque podría ser la creación de una suerte de “Código de conducta para inversiones en tecnologías críticas”, auspiciado por la OCDE o el G20, que establezca criterios comunes para el escrutinio de transacciones en sectores como la inteligencia artificial avanzada, la computación cuántica o los semiconductores de última generación. En este esquema, la transparencia debe reemplazar a la sospecha generalizada, otorgando así la certidumbre necesaria para que tanto los inversores como los gobiernos receptores puedan operar dentro de un campo de acción estable y legítimo.
Esta nueva arquitectura debe ir acompañada de un impulso decidido a la propiedad distribuida y al acceso amplio al crédito. El sistema actual privilegia estructuralmente a las grandes multinacionales, que optimizan costes globalmente externalizando impactos sociales y ecológicos. Frente a esto, un marco alternativo debe favorecer explícitamente a actores como cooperativas de trabajadores y pymes, dotándoles de capacidad real para competir en los mercados globales. Estos modelos de propiedad distribuida son intrínsecamente más resilientes. Al internalizar los costes comunitarios y ambientales, sus decisiones de inversión tienden a ser más responsables y menos propensas a la deslocalización depredadora.
Sin embargo, la propiedad distribuida no es una receta mágica. ¿Cómo puede una cooperativa que internaliza costes éticos competir contra un gigante que produce en jurisdicciones con bajos o nulos estándares laborales y ecológicos? La respuesta exige mecanismos de protección específicos: desde los Mecanismos de Ajuste en Frontera por Carbono hasta cláusulas de contratación pública preferencial, que nivelen el terreno de juego y premien la calidad ética sobre el dumping social y ambiental.
Solo integrando esta triple perspectiva —crítica a la financiarización, nueva arquitectura global y promoción de la propiedad distribuida— un marco económico renovador podrá afrontar con credibilidad los desafíos de nuestro tiempo.
Un imperativo transideológico
Al final de este recorrido, la disyuntiva fundamental se revela con claridad meridiana. No se trata de optar entre una globalización ingenua o un repliegue nacionalista, sino de escoger entre una fragmentación caótica y una interdependencia administrada. La primera nos condena a un mundo de bloques enfrentados, guerras comerciales y rivalidad sistémica; la segunda, aunque más exigente, contiene la promesa de un orden cooperativo donde la competencia se canalice mediante reglas civilizadas.
El marco alternativo aquí meramente esbozado — cimentado en la interdependencia pragmática, la prosperidad mutua y la gobernanza legítima— no es una utopía, sino un camino concreto para transitar de la confrontación a la cooperación. Su viabilidad exige, sin embargo, un giro decisivo de la abstracción filosófica a la propuesta concreta. Para ello, debe satisfacer varios criterios ineludibles, como la reforma de la OMC, la regulación de los “bienes comunes digitales” y la transición energética justa. Debe arraigar sus postulados en datos rigurosos y estudios de caso, demostrando una comprensión matizada del sistema actual y validando sus argumentos con evidencias tangibles, no solo con intenciones loables.
Debe posicionarse explícitamente en la fractura G7-BRICS, ofreciéndose como un puente creíble y atractivo para el Sur Global. Debe articular una verdadera tercera vía que trascienda el antiguo orden sin caer en un nuevo dogmatismo. Esto incluye el objetivo de ofrecer un marco tangible para la paz entre Estados Unidos y China, basado en la competencia ética y la interdependencia administrada. Este es el desafío geoeconómico definitorio de nuestro tiempo, y cualquier modelo que no lo aborde de frente está condenado a la irrelevancia.
La tarea que tenemos por delante no es técnica, sino esencialmente política y ética. Se trata de elegir si queremos ser espectadores de la fractura o arquitectos de un nuevo pacto internacional que permita a la humanidad encauzar las próximas décadas del siglo. La opción por la interdependencia administrada no es una simple preferencia política, sino un imperativo para cualquiera que aún crea en la posibilidad de un futuro compartido.
Hacia un nuevo contrato global para un mundo multipolar
La emergencia de un orden multipolar exige algo más que un cambio hacia el reequilibrio de las grandes potencias y bloques. Requiere una arquitectura institucional que traduzca la justicia Norte-Sur en mecanismos concretos. He aquí una breve propuesta para ir definiendo un posible “Nuevo Contrato Comercial y Financiero mundial” que podría estructurarse en estos cinco pilares:
En primer lugar, los tratados comerciales deben trascender el mero acceso a mercados. Necesitamos cláusulas que premien la creación de valor añadido en el Sur Global. Imaginemos un acuerdo UE-África que otorgue una exención de aranceles a vehículos cuyo 50% de valor proceda de componentes fabricados y ensamblados localmente. Esto transformaría los Tratados de Libre Comercio (TLC) de instrumentos de deslocalización en herramientas de industrialización.
En segundo lugar, frente al riesgo de “ecocolonialismo” que ciertamente puede suponer el MAFC (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) europeo, propongamos fondos de coinversión verdes Norte-Sur. Los ingresos recaudados por estos mecanismos deberían destinarse a un fondo de gestión conjunta para financiar transiciones energéticas en países exportadores. Así, la llamada “justicia climática” se convertiría en verdadera corresponsabilidad financiera.
En tercer lugar, reconozcamos formalmente las asimetrías estructurales. Las economías en desarrollo necesitan espacio político para proteger sus industrias nacientes, mientras garantizamos su acceso a mercados del Norte en sectores donde ya son competitivos. Este tratamiento diferenciado no es una concesión, sino una condición para que pueda darse una competencia leal.
Finalmente, reformemos los “Derechos Especiales de Giro” del FMI para priorizar infraestructuras en países de renta media y baja. Paralelamente, bancos de desarrollo —tanto los tradicionales como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS— deberían ofrecer financiación preferencial a empresas conjuntas con propiedad significativa de trabajadores y comunidades locales. Esto significaría situar la inclusión como principio de la nueva arquitectura financiera.
En definitiva, el desafío de nuestra era no es resistir la interdependencia, sino gobernarla con sabiduría institucional. Este contrato no es un ejercicio de idealismo, sino la condición para evitar la fragmentación caótica y la inestabilidad que ya estamos observando. Entre el fundamentalismo de mercado de unos y el instinto autárquico de otros, existe espacio para un orden que reconcilie eficiencia con justicia y equidad, soberanía con cooperación, e innovación con tradición.
La elección no es entre globalización neoliberal o repliegue proteccionista, sino entre construir un orden común o sucumbir a las distintas fracturas y fragmentaciones dentro de una espiral de rivalidad estratégica y escaladas verbales cada vez más hostiles que nos aproximan temerariamente a una nueva conflagración mundial. La tarea es, sencillamente, demostrar que la economía puede ser una herramienta de civilización. Estamos todavía a tiempo.
Doctor en Derecho y profesor universitario (Madrid, España). Además de sus publicaciones profesionales de índole académica, colabora en varios medios de comunicación españoles y ha publicado recientemente varios libros: Momento y encrucijada de España (Ediciones Atlantis, 2020), Dinero, crisis y poder global (SND, 2021) y Polis y justicia (Aula Magna-McGraw Hill, 2023).
