La crisis geopolítica que ha estallado desde la operación contra Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la subsiguiente intervención de Washington en Venezuela solo puede comprenderse en el marco de una visión del mundo profundamente revisionista, articulada desde las más altas esferas de la Administración Trump.
En este reordenamiento estratégico, la figura de Stephen Miller -Subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca y uno de los ideólogos más influyentes del núcleo duro del poder- se erige no como un mero operador, sino como un portador de un enfoque doctrinal que rechaza las viejas certidumbres del orden internacional. Miller ha afirmado sin ambages que vivimos en un mundo “gobernado por la fuerza, por el poder”, y ha sugerido que solo la primacía militar y coercitiva de Estados Unidos puede garantizar su posición en el orbe.
Esta perspectiva desborda con creces las habituales justificaciones normativas o moralistas sobre la promoción de la democracia o la defensa de los derechos humanos. La intervención en Venezuela, lejos de ser una “cruzada democrática”, se inscribe en una lógica de control de recursos estratégicos e influencia geopolítica que sitúa las vastas reservas petroleras y minerales del país sudamericano en el centro de la agenda de Washington, al tiempo que busca limitar el accionar de potencias rivales como China y Rusia en la región.
Desde esta óptica, los discursos sobre la “deslegitimación” del régimen de Maduro y la constante demonización de su figura funcionan como dispositivos de enmarcación. Sirven para justificar -en términos políticamente aceptables en el debate público estadounidense e internacional- una intervención que, en los hechos, se apoya en una concepción realpolitik cruda y explícita. Para los aúlicos de Trump como Miller, la defensa de los intereses de Estados Unidos no se articula ya a través de la diplomacia multilateral ni de la construcción normativa de la comunidad internacional, sino mediante la afirmación sin ambages de la prerrogativa de la fuerza como instrumento legítimo del poder. Siempre fue así, pero el Imperio angloamericano nos lo había edulcorado con fraseologías como “orden basado en reglas”, que tanto repetía hasta no hace mucho Blinken, el secretario de Estado de Biden.
Así, lo que estamos presenciando no es una disputa retórica sobre el carácter autoritario de un gobierno hispanoamericano, sino la materialización de un pensamiento estratégico que confiere a la violencia y al dominio militar un papel central en la proyección global estadounidense. Este giro, que parece estar en consonancia con las ideas de Miller sobre las relaciones internacionales, plantea cuestiones inquietantes: ¿hasta qué punto se abandona el legado de un hasta hace poco cacareado “orden internacional basado en reglas”, y qué implicaciones tiene para la soberanía de los estados y la estabilidad regional cuando la hegemonía se reivindica abiertamente como un fin, y no como un medio?
La militarización de los medios de comunicación: la “fabricación del consentimiento”
En las modernas operaciones de cambio de régimen, el teatro mediático suele anteceder al despliegue militar. Antes de que los misiles o las fuerzas de intervención se hagan visibles, emerge un denso “espacio informativo” en el que se configura el consenso público. Este patrón -bien documentado en Irak, Libia e Irán- funciona de la siguiente manera: los gobiernos objetivo (target) son vilipendiados sistemáticamente en los medios y en los discursos oficiales hasta que la opinión pública interioriza la necesidad, incluso la inevitabilidad, de una intervención “humana” o “civilizadora”, legitimando luego las maniobras cinéticas. Ejemplos históricos recientes ilustran cómo se manipularon los supuestos arsenales de armas de destrucción masiva en Irak o los ataques químicos en Siria para justificar el uso de la fuerza.
Este guion narrativo está hoy en plena ejecución en relación con Venezuela. En el caso de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha esgrimido principalmente alegaciones de narcotráfico para justificar su intervención y secuestro (“captura”), a pesar de que no existen pruebas públicas concluyentes que lo vinculen directamente con esas actividades delictivas en la manera en que tradicionalmente se exigen en un tribunal independiente.
La acusación contra Maduro -replicada por altos funcionarios de la Administración estadounidense- contrasta de forma llamativa con otras realidades recientes. Un ejemplo paradigmático es el indulto concedido por el presidente Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico que describen su cooperación con organizaciones criminales para facilitar el envío de cientos de miles de kilogramos de cocaína hacia ese país.
Este acto puntual ha generado un amplio debate. ¿Cómo conciliar la retórica de “guerra contra las drogas” con la liberación de una figura condenada precisamente por delitos de tráfico de estupefacientes? Varios analistas y legisladores estadounidenses han expresado su perplejidad ante esta disonancia, señalando que el indulto envía señales contradictorias sobre los criterios que realmente guían la política exterior de Washington.
La dicotomía no se limita solo al caso hondureño. Más allá de las acusaciones contra Maduro, las principales rutas de entrada y distribución de fentanilo y cocaína que afectan a la sociedad estadounidense se originan mayoritariamente en México y otras partes de Centroamérica, un dato que incluso informes oficiales (incluida la DEA) han señalado como central en la evaluación de amenazas actuales. Mientras tanto, en Estados Unidos persisten debates intensos sobre cómo abordar eficazmente la crisis de las drogas, incluido el papel que desempeñan actores económicos y financieros cuyo lucro se ha visto cuestionado por su contribución a la crisis de opioides y fentanilo, con consecuencias devastadoras para millones de personas.
Este contraste entre la narrativa oficial y las acciones concretas -indultos, prioridades estratégicas y ausencia de acciones equivalentes contra carteles bien establecidos- subraya, más que incoherencias accidentales, la función política instrumental de la acusación de narcotráfico contra Maduro en la construcción de un relato más amplio de legitimación internacional. En otras palabras, no se trata únicamente de un esfuerzo por combatir el tráfico de drogas, sino de reconfigurar la percepción global de Venezuela como un actor “paria” susceptible de intervención, mientras se relativizan o ignoran dinámicas comparables cuando afectan a aliados o intereses coincidentes con los objetivos de Washington.
También se ha tildado a Maduro de “comunista”. Sin embargo, el comentarista conservador Tucker Carlson señaló con ironía que el gobierno de Maduro había prohibido el aborto, el matrimonio igualitario, la pornografía y la reasignación de género, describiendo a Venezuela en estos ámbitos como “socialmente conservadora”.
Este ejercicio de construcción informativa no opera en el vacío, sino en un contexto global en el que las normas del derecho internacional y la soberanía estatal se encuentran bajo una presión creciente, y donde la fuerza discursiva suele preceder a la fuerza armada. Ese patrón -que ya hemos visto en otras latitudes y periodos- merece un escrutinio crítico riguroso si realmente aspiramos a entender qué impulsa las intervenciones y quiénes se benefician de ellas en el tablero geopolítico contemporáneo.
Además, si Trump realmente se centrara en combatir las drogas que han matado a millones, atacaría a los cárteles mexicanos y rechazaría las donaciones de la familia Sackler, que se benefició enormemente de la crisis de opioides y fentanilo, pagando 7.400 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas. Irónicamente, los mayores centros de lavado de dinero del mundo -donde los cárteles de la droga transforman legalmente sus miles de millones de dólares ilícitos en ganancias limpias- se encuentran en Miami, Texas y Connecticut. Parece que secuestrar a un presidente sudamericano es más fácil que cerrar estos servicios estadounidenses indispensables para los cárteles.
Sun Tzu y la proyección de la fuerza
El famoso aforismo de El arte de la guerra de Sun Tzu, “Cuando eres débil, aparenta fuerza”, parece resonar hoy con inquietante literalidad en los despliegues militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela. Aunque Estados Unidos conserva formalmente el mayor presupuesto militar y la economía nacional más grande en términos convencionales, una parte sustancial del debate global lo percibe como un imperio cuya inercia hegemónica se ve erosionada por múltiples factores estructurales y simbólicos. Esta percepción está informada, entre otras cosas, por el ascenso económico de China, cuya economía superó a la estadounidense en paridad de poder adquisitivo (PPA) hace más de una década y -según proyecciones internacionales- mantiene una ventaja significativa en esa medida al inicio de 2026.
La experiencia reciente -el abrupto colapso de la presencia estadounidense en Afganistán en 2021 tras dos décadas de ocupación- ha sido interpretada como un momento definitorio, no solo por su resultado militar, sino por el golpe simbólico que representó al relato de invencibilidad estadounidense. Del mismo modo, la prolongada guerra en Ucrania y la imposibilidad de forzar la retirada rusa mediante presión militar occidental han reconfigurado las expectativas sobre los límites del poder militar tradicional.
Frente a estos escenarios, la narración de declive ha permeado no solo el discurso académico sino también el político interno. En Estados Unidos, la reelección de Donald Trump en 2024 se articuló en torno al lema “MAGA” (Make America Great Again). Un signo explícito de que un amplio segmento del electorado siente que el país ha perdido su preeminencia y busca recuperarla. Desde su retorno a la Casa Blanca, esta lógica de demostración de fuerza ha tomado forma en políticas exteriores y retóricas agresivas.
Desde su reelección, Estados Unidos se ha reafirmado agresivamente. Se unió a Israel en su guerra militar de 12 días contra Irán en junio de 2025, intensificó las tensiones con Rusia al armar a Ucrania, impuso sanciones a numerosos países, y amenazó con anexar Canadá y Groenlandia. Además, ha renombrado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. Estas acciones sirven tanto como propaganda nacional como una señal al mundo del dominio estadounidense.
El episodio de Venezuela y el que viene para Groenlandia se pueden considerar ya parte de una narrativa más amplia -denominada coloquialmente por algunos medios como la “Donroe Doctrine”- que evoca una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe para justificar un intervencionismo renovado en el denominado “hemisferio occidental” (toda América) según la nueva Estrategia de Seguridad Nacional.
Esta combinación de presión dura, retórica nacionalista y despliegue geoestratégico cumple una doble función. Por un lado, apaciguar el sentimiento de declive interno mediante demostraciones de poder, y por otro, enviar señales explícitas al sistema internacional de que Estados Unidos sigue siendo el árbitro último de la seguridad global. Desde una óptica crítica, estas maniobras pueden interpretarse como más que episodios aislados. Constituyen realmente un intento deliberado de revigorizar el protagonismo estadounidense, no solo por medio de alianzas y cooperación, sino mediante actos performativos de poder que buscan disuadir a rivales y provocar un reequilibrio de fuerzas en regiones clave.
Este perfil estratégico, más centrado en la exhibición que en la deliberación multilateral, sugiere una transición paradigmática en las formas de ejercer la hegemonía, donde la percepción de debilidad estructural se responde con gestos de fuerza calculados para proyectar solidez, incluso cuando los fundamentos de esa “fuerza” están cada vez más disputados en la arena global.
Venezuela y las ambiciones imperialistas de Estados Unidos
Venezuela se ha convertido en símbolo y terreno de disputa entre dos grandes narrativas geopolíticas antagónicas. Para muchos intelectuales y activistas de la región, encarna la visión de Simón Bolívar de una Hispanoamérica soberana, integrada y emancipada del dominio externo, una visión que históricamente se ha opuesto a la Doctrina Monroe, cuyo propósito original fue reclamar el “hemisferio occidental” como esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos y excluir de él a potencias exteriores como China y Rusia, pero también Europa. Esta dicotomía entre proyecto bolivariano y hegemonía estadounidense emerge con fuerza en el debate actual sobre el futuro estratégico de Iberoamérica.
El factor de los recursos naturales intensifica esta tensión estructural. Venezuela posee, según las cifras más extendidas, las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en cerca de 300.000 millones de barriles —más incluso que Arabia Saudita— aunque la mayor parte de estas reservas corresponde a crudos extrapesados cuya explotación requiere tecnologías y capital intensivos. El país también cuenta con importantes yacimientos de gas, oro, hierro y otros minerales que, pese a su enorme potencial, han sufrido décadas de subexplotación, mala gestión e infrainversión.
Esta abundancia ha sido a la vez una bendición y una maldición. Durante gran parte del siglo XX, una élite, o, mejor dicho, oligarquía, vinculada a corporaciones extranjeras -particularmente estadounidenses- monopolizó el sector petrolero, enviando a los mercados internacionales la mayor parte de las ganancias y dejando a grandes segmentos de la población en condiciones de pobreza estructural. El auge petrolero de las décadas de 1970 y principios de los 80, alimentado por el embargo árabe de 1973, generó ingresos extraordinarios, pero también profundizó la dependencia rentista del país, exacerbando su vulnerabilidad ante las fluctuaciones de la economía mundial.
La crisis estructural explotó con virulencia al cierre de los años 80. Venezuela, altamente dependiente de las exportaciones de crudo, se vio arrastrada a una severa crisis de deuda externa, con tensiones fiscales atribuibles tanto a la caída de los precios del petróleo como al uso insostenible del crédito externo. En este contexto, el presidente Carlos Andrés Pérez -elegido con un programa explícitamente anti‑austeridad- implementó un paquete de medidas de ajuste recomendadas por organismos financieros internacionales, que incluían recortes al gasto público, privatizaciones y, sobre todo, la eliminación de subsidios a productos básicos como los combustibles.
Aquellas reformas prodigaron una respuesta social inmediata. El levantamiento popular conocido como “El Caracazo” de 1989, desencadenado por el aumento de precios y la represión estatal, no solo dejó una huella trágica en términos de víctimas y derechos humanos, sino que también simbolizó la fractura profunda entre las élites y la mayoría de la población, erosionando la legitimidad de un modelo de desarrollo percibido como ajeno a las necesidades populares.
Desde entonces, la economía venezolana ha transitado por ciclos de dependencia petrolera, endeudamiento externo y tensiones políticas crónicas. Aunque las reservas energéticas siguen figurando entre las más elevadas del planeta, la producción real se ha desplomado drásticamente, dificultando que el país convierta sus recursos en desarrollo sostenible y equitativo.
Este legado histórico explica, en parte, por qué Venezuela es hoy una pieza central en la reconfiguración geoeconómica de Hispanoamérica. No simplemente por su riqueza natural, sino por lo que esa riqueza representa en un orden mundial cada vez más multipolar, en el que actores como China y Rusia han establecido vínculos estratégicos de largo plazo con Caracas, desafiando la tradicional preponderancia estadounidense en el hemisferio.
El ascenso de Hugo Chávez
Del caos político y económico que caracterizó a Venezuela a fines del siglo XX emergió la figura de Hugo Chávez Frías, un oficial militar que se transformó en revolucionario y símbolo de una ruptura con los paradigmas neoliberales y los vínculos tradicionales con Washington. Tras su elección en 1998, Chávez promovió un ambicioso proyecto de transformación social y económica conocido como la Revolución Bolivariana, articulado explícitamente en torno a una reinterpretación contemporánea del legado de Simón Bolívar: una Hispanoamérica unida, soberana y emancipadora frente a lo que él percibía como injerencia imperial.
En el centro de este proyecto se encontraba la redefinición del papel del petróleo y de los rentables ingresos energéticos del país. Aprovechando los altos precios del crudo y la histórica posición de Venezuela como uno de los mayores poseedores de reservas petroleras del planeta, el gobierno chavista consolidó el control estatal sobre la industria energética, consolidando la hegemonía de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y obligando a las empresas extranjeras a operar bajo estatutos de participación mayoritaria del Estado en empresas mixtas. Esta “renacionalización”, más allá de recuperar rentas para la administración pública, se inscribió en una lógica de redistribución de recursos hacia programas sociales de educación, salud, vivienda y alimentación -las llamadas Misiones Bolivarianas- que habían sido marginales o inexistentes para amplios sectores populares bajo administraciones precedentes.
La Revolución Bolivariana, en sus primeras etapas, logró algunas mejoras tangibles en indicadores sociales y reducciones de la pobreza, vinculadas directamente al uso redistributivo de los ingresos petroleros para programas públicos. Sin embargo, este proceso también reconfiguró las relaciones internacionales de Venezuela. Chávez forjó alianzas estratégicas con gobiernos afines en la región y más allá, auspiciando mecanismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y programas de cooperación energética como Petrocaribe, destinados a crear redes de solidaridad económica frente a proyectos de integración liderados por Washington. Sobre este particular, resulta de interés el trabajo de José Marcano, “La Revolución Bolivariana, el fantasma que recorre América”, Otras voces en Educación, 16 de enero de 2017).
Este giro fue sin duda desafiante y a la vez percibido como una afrenta directa al statu quo geopolítico establecido, tensionando aún más las relaciones entre Caracas y Washington. La política exterior chavista, con un discurso abiertamente crítico de la Doctrina Monroe y de las políticas económicas neoliberales, fue interpretada por sectores de la élite estadounidense y por analistas conservadores como una amenaza a los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos en su autodefinido “patio trasero”. Para estos críticos, el uso de los llamados “petrodólares” para financiar causas regionales y contrarrestar la influencia estadounidense constituía un elemento desestabilizador en un momento de creciente competencia global por recursos y alianzas como ya apuntaba en su momento Ray Walser, “What to Do about Hugo Chávez: Venezuela’s Challenge to Security in the Americas”, en The Heritage Foundation, 19 de febrero de 2009.
Desde esta perspectiva, la incesante hostilidad de las administraciones estadounidenses hacia el chavismo y, posteriormente, hacia Maduro y sus continuadores políticos, no se explica principalmente por preocupaciones genuinas sobre la democracia, los derechos humanos o el narcotráfico, como suele proclamarse en escenarios diplomáticos oficiales; antes bien, responde a un cruce de intereses económicos, estratégicos y simbólicos en la disputa por la hegemonía regional y global dominada históricamente por Estados Unidos. La retórica de confrontación, así, actúa tanto como herramienta interna de legitimación política como estrategia de presión internacional sobre un gobierno que buscó redefinir el papel de Venezuela en un mundo cada vez más multipolar.
Intereses económicos y cambios globales
El dominio estadounidense global se ha sustentado durante más de ocho décadas en dos pilares estrechamente entrelazados: el dólar como moneda de reserva internacional y el control sobre los recursos energéticos, articulados a través del sistema del petrodólar. Sin embargo, en los últimos años, los países del bloque BRICS -China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica- han comenzado a construir alternativas estructurales a esta hegemonía, comercializando petróleo en monedas distintas del dólar, como el yuan. Ejemplos recientes incluyen los acuerdos petroleros entre Arabia Saudita y China, o la adquisición de petróleo ruso en rupias o yuanes por parte de India, a pesar de las sanciones internacionales.
En este contexto, los crecientes vínculos de Venezuela con China -a través de inversiones significativas en infraestructura y energía- con Rusia -por medio de asistencia militar y de inteligencia- e incluso con Irán -en asesoramiento para eludir sanciones- convirtieron al país en un actor estratégicamente peligroso desde la perspectiva estadounidense. Si Caracas se hubiera integrado plenamente a la dinámica BRICS y hubiera comenzado a realizar acuerdos petroleros en divisas distintas del dólar, podría haber erosionado la hegemonía estadounidense, debilitando su capacidad de proyectar poder global y acelerando el tránsito hacia un orden multipolar.
Este escenario convierte al control del petróleo venezolano en un objetivo central, aun reconociendo las dificultades existentes como la naturaleza extrapesada de gran parte del crudo, la infraestructura deteriorada por años de sanciones y la gestión interna limitada que han dificultado la ampliación de la producción y que ahora una Venezuela tutelada por Washington bajo amenaza manu militari intentará revertir (Reuters, “Venezuela begins reversing oil output cuts as exports resume, sources say, 13 de enero de 2026). A este respecto, también resulta de interés el texto de Gonzalo Escribano, “El petróleo de Venezuela: evolución, escenarios y repercusiones internacionales”, Real Instituto Elcano, 15 de enero de 2026.
El cálculo estadounidense también ha tenido un componente pragmático en lo que respecta a la política interna venezolana. Figuras opositoras que anteriormente habían contado con el apoyo de Washington, como María Corina Machado -flamante Premio Nobel de la Paz por su supuesta labor en la transición democrática-, habían prometido abrir el país a la inversión extranjera en petróleo, gas, minería e infraestructura, favoreciendo privatizaciones y la penetración de multinacionales estadounidenses, mientras apoyaba activamente el derrocamiento de Maduro, haciéndose correa de transmisión de los intereses de la élite venezolana anterior a Chávez.
Sin embargo, estas posibilidades no parecen haber interesado a Washington en los términos tradicionales de “apoyo democrático”. Los diálogos entre Marco Rubio y la nueva presidenta Delcy Rodríguez indican que la prioridad es garantizar el acceso monopólico a las reservas estratégicas, bajo un régimen debilitado pero estable, más que promover aventuras democráticas que pudieran complicar los intereses extractivos estadounidenses (Center for Economic and Policy Research (CEPR), “US Escalation in the Caribbean and Latin America, 20 de enero de 2026)
Desde esta perspectiva, un régimen leal a Washington podría presionar a China interrumpiendo envíos de petróleo y cuestionando los aproximadamente 67.000 millones de dólares en inversiones chinas en Venezuela, que abarcan préstamos, proyectos de infraestructura y desarrollos energéticos vinculados al crudo. La influencia estadounidense sobre Venezuela nunca ha cesado desde la llegada de Chávez al poder, y en los últimos años de Maduro empresas como Chevron operaban con normalidad a pesar de sanciones progresivamente más severas impuestas contra el país, combinadas con errores de gestión interna que precipitaron hiperinflación, disturbios sociales e inestabilidad económica, como explica Nuria Alabao, “Venezuela: el golpe y la maldición petrolera”, Contexto, 13 de enero de 2026.
Estados Unidos ha dejado claro que no cesará en su empeño de derrocar al gobierno venezolano restante si este no se somete a sus dictados, y se prevé que intensifique la ofensiva, con posibles implicaciones para otros países de interés estratégico como Colombia o Irán. Según declaraciones de Donald Trump, Washington lideraría Venezuela “temporalmente”, controlando la industria petrolera durante una transición, aunque los detalles de esta ocupación parcial aún son confusos. Lo que está en juego es inequívoco: el control del petróleo, la preservación del dominio del dólar y la prevención a cualquier precio de un cambio de poder global.
Paralelismos: amenazas, sobornos y traición
Recordemos los vertiginosos acontecimientos de otoño de 2024 en Siria, que marcaron un punto de inflexión geopolítico en el Mediterráneo oriental. Tras más de una década de guerra civil -un conflicto que arrancó en 2011 con protestas populares y derivó en una compleja confrontación multipartidista- la larga era de Bashar al‑Assad llegó a su fin cuando una ofensiva relámpago de diversas fuerzas insurgentes, lideradas por la alianza dominada por Hayat Tahrir al‑Sham (HTS), avanzó con rapidez hasta la periferia de Damasco y precipitó el colapso del régimen.
La coalición insurgente, encabezada por Ahmed al‑Sharaa -conocido anteriormente por su liderazgo en HTS y sus vínculos con redes islamistas- no solo logró desbancar a Bashar al‑Assad, sino que también ocupó espacios que ninguna potencia extranjera había podido forzar por sí sola. Tras esta ofensiva, al‑Sharaa fue sacado de las listas de sanciones internacionales y posteriormente recibido en Washington por el presidente Donald Trump, en un gesto que subraya el realineamiento estratégico impulsado por la administración estadounidense y sus aliados regionales (Hürriyet Daily News, “Syrian leader says lifting of US sanctions ‘historic and courageous’”, 15 de mayo de 2025).
Este dramático giro sirio ofrece paralelismos inquietantes con la crisis venezolana que culminó en enero de 2026. La destitución y captura de Nicolás Maduro -operación que según reportes incluyó bombardeos sobre objetivos militares y la posterior transferencia de Maduro y su esposa a Estados Unidos- no fue simplemente un acto de fuerza externa aislado, sino el resultado de una coordinación profunda entre Washington y actores venezolanos que, tras años de presión, sanciones y negociaciones discretas, decidieron cambiar de bando.
El rol de la inteligencia estadounidense, en particular de la CIA, ha sido central en este proceso. Desde hace años, diversos informes han señalado la estrategia de Estados Unidos para identificar, cooptar o presionar a funcionarios venezolanos mal pagados y con escasos apoyos internos, ofreciendo incentivos materiales o garantizando seguridad personal como mecanismo para erosionar la lealtad al chavismo desde dentro. Este tipo de operaciones, lejos de ser una invención conspirativa, encajan dentro de patrones documentados de influencia encubierta que combinan diplomacia, inteligencia e incentivos económicos para debilitar estructuras de poder adversarias. Lindsey A. O’Rourke, discípula de John Mearsheimer, ha analizado pormenorizadamente este tipo de operaciones encubiertas enfocadas a cambiar regímenes hostiles a Estados Unidos, en su libro Covert Regime Change: America’s Secret Cold War (Cornell University Press, 2021).
La presencia de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, como interlocutora negociadora con Washington tras la captura de Maduro refleja precisamente esta reconfiguración interna de alianzas de élite. Desde esta óptica, la operación contra Caracas no fue exclusivamente una invasión militar, sino un “trabajo interno” potenciado por fuerzas especiales conjuntas y por traiciones dentro del círculo íntimo del régimen venezolano, que habrían facilitado la neutralización de cualquier resistencia significativa. Este tipo de fractura interna recuerda las transformaciones políticas que han caracterizado varias transiciones en Hispanoamérica, donde algunos líderes han optado por romper con sus propios bloques ideológicos ante presiones externas o incentivos estratégicos. Ejemplos recientes incluyen la deriva de Lenin Moreno en Ecuador lejos de Rafael Correa, o la ruptura política de Michel Temer que reorientó Brasil tras la destitución de Dilma Rousseff. Estos movimientos ilustran cómo las lealtades políticas pueden reconfigurarse en función de presiones estructurales, incentivos y cálculo personal, a menudo con consecuencias profundas para la cohesión nacional.
Delcy Rodríguez, en este contexto, podría verse tentada a distanciarse de las posturas clásicamente chavistas si su continuidad en el poder depende de acomodarse a las exigencias de Washington. Históricamente, los sectores que optan por una alianza pragmática con potencias externas suelen priorizar la estabilidad personal y la preservación de poder sobre la fidelidad a un proyecto ideológico. En un escenario en el que Trump ha advertido públicamente que Estados Unidos está listo para presionar a cualquier actor que no se alinee con sus objetivos, la lógica del cálculo estratégico -más que la fidelidad doctrinal- parece ser el principal motor de reconfiguración política en Caracas (Washington Post, “With Maduro in U.S. custody, his lieutenants warm to Trump”, 16 de enero de 2026).
Esta comparación entre Siria y Venezuela no pretende sugerir equivalencias mecánicas o simplistas -cada contexto tiene raíces históricas y sociales únicas-, sino destacar que en la geopolítica contemporánea, los procesos de cambio de régimen combinan cada vez más intervenciones externas con fracturas internas de élites, produciendo transiciones que no son meramente el resultado de imposiciones foráneas, sino de complejas interacciones entre actores locales y potencias globales.
El gran error de cálculo del Imperio
Es cierto que Venezuela figura, sobre el papel, como el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con cifras que rondan los 303.000 millones de barriles, según datos de la OPEP y otras agencias internacionales. Esto representaría alrededor del 17–19 % de las reservas globales, superando incluso a Arabia Saudí en términos cuantitativos.
Sin embargo, esta verdad estadística oculta una realidad mucho más compleja y menos estratégica de lo que a menudo se afirma. Antes que “oro negro” fácilmente monetizable, la mayor parte de ese recurso corresponde a crudo pesado y extrapesado, localizado principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco. Este tipo de petróleo presenta altas densidades y contenidos importantes de azufre, lo que lo hace técnica y económicamente más difícil de extraer, transportar y refinar que el crudo ligero -como el saudí o el de otros grandes productores- que domina los mercados globales. Así lo explica Ramses Pech, “Venezuela: el reto energético mundial”, en Petróleo y Energía, 16 de enero de 2026.
El “tamaño” de las reservas, por tanto, no se traduce automáticamente en ventajas comerciales o geoestratégicas inmediatas. La industria petrolera venezolana ha sufrido décadas de deterioro de infraestructura, pérdida de capital humano, falta de inversión y los efectos de sanciones internacionales, lo que ha reducido su producción a menos de un millón de barriles diarios -muy por debajo del pico histórico de más de 3 millones en los años 90- y con una participación global menor al 1% del mercado mundial.
Además, restaurar y modernizar esta industria demandaría inversiones colosales y plazos largos. Consultoras internacionales estiman que, para mantener la producción actual -y mucho más para incrementarla- se necesitarían inversiones potencialmente superiores a decenas de miles de millones de dólares durante 10–15 años o más, así como un entorno político y regulatorio estable que hasta ahora ha sido esquivo (Le Monde, “Reviving Venezuela’s oil industry comes at a steep cost”, 6 de enero de 2026).
Este escenario explica por qué incluso multinacionales petroleras tradicionales han sido cautelosas a la hora de comprometer capital significativo en Venezuela. La combinación de crudo de alta viscosidad, refinerías especializadas necesarias para procesarlo y una infraestructura en declive presenta riesgos y costes muy superiores a los de otras fuentes de energía existentes en los mercados globales.
Con un exceso de oferta mundial de petróleo y unos precios de equilibrio del esquisto estadounidense de entre 60 y 70 dólares por barril (actualmente con tendencia al alza), las empresas estadounidenses tienen pocos incentivos para invertir. Los intentos de reducir los precios del petróleo a 50 dólares por barril mediante un aumento de la oferta serían inútiles porque perjudicarían principalmente a los productores estadounidenses (de esquisto), beneficiarían principalmente a China como el mayor agraciado del petróleo barato y apenas debilitarían notablemente a Rusia. Además, si los recursos petroleros fueran realmente tan enormemente rentables, China ya los habría desarrollado plenamente.
Es probable que también se inflen las valoraciones y estimaciones de otras riquezas minerales (tierras raras, etc.), de forma similar a casos anteriores en Ucrania (gas y minerales) o Afganistán (litio, cobre, etc.). Muchas afirmaciones sobre tierras raras, coltán o níquel en Venezuela no están verificadas o son puramente teóricas. En definitiva, la tensión entre el discurso geopolítico -que enfatiza la supuesta excepcionalidad de las reservas venezolanas- y la realidad económica y técnica del sector petrolero venezolano sugiere que muchos analistas y actores del mercado tienden a inflar la importancia estratégica inmediata de estos recursos.
En este sentido, aunque los datos cuantitativos sobre reservas sean correctos en términos absolutos, su traducción en poder geopolítico operativo es mucho más modesta y condicionada por factores técnicos, financieros y estructurales con los que tendrá que lidiar la Administración Trump, presionada por el lobby petrolero que tan jugosamente donó fondos a sus campañas electorales de 2016 y 2024. En la medida en que Trump sea capaz de superar estos obstáculos o no, dependerá no sólo su baza electoral para las midterm de noviembre de este año, sino la credibilidad de este nuevo imperialismo impúdico que ha puesto en marcha.
Doctor en Derecho y profesor universitario (Madrid, España). Además de sus publicaciones profesionales de índole académica, colabora en varios medios de comunicación españoles y ha publicado recientemente varios libros: Momento y encrucijada de España (Ediciones Atlantis, 2020), Dinero, crisis y poder global (SND, 2021) y Polis y justicia (Aula Magna-McGraw Hill, 2023).
